El escándalo del dopaje dentro del béisbol profesional de Estados Unidos sigue teniendo repercusiones a nivel jurídico en las que también está implicado el gobierno federal que tiene abierto varios frentes de investigación.
Sin embargo, de acuerdo al Departamento de Justicia, el gobierno de Estados Unidos se abstendrá de refutar el fallo en el que un tribunal de apelaciones determinó que los investigadores federales decomisaron ilegalmente una lista de peloteros implicados presuntamente en el consumo de esteroides.
La oficina del subsecretario de Justicia no intentará cambiar la decisión del tribunal del noveno circuito federal de apelaciones en San Francisco, informó la portavoz del Departamento de Justicia, Tracy Schmaler.
La lista de los jugadores de béisbol de las Grandes Ligas que presuntamente dieron positivo por consumo de esteroides fue confiscada durante el allanamiento de un laboratorio en 2004 como parte de la investigación del gobierno que duró ocho años en torno al consumo de substancias prohibidas en este deporte considerado como el pasatiempo nacional.
El pasado septiembre, el tribunal de apelaciones ordenó a los investigadores que devolvieran la lista de 104 peloteros y de esa manera les prohibió recurrir a esos jugadores para ampliar su investigación de dopaje en el béisbol de las Grandes Ligas.
Entre los acusados durante la investigación está el ex bateador estelar de los Gigantes de San Francisco, Barry Bonds, líder de jonrones de todos los tiempos, cuyo juicio está programado para el 21 de marzo por haber mentido, presuntamente, a un jurado investigador al negar que había consumido esteroides de forma deliberada.
Durante el mes de abril de 2004, los agentes federales tomaron muestras de orina y registraron los laboratorios Comprehensive Drug Testing Inc. y Quest Diagnostics Inc. al tener en su poder una orden que les autorizaba a llevarse los resultados de 10 peloteros.
Sin embargo, los agentes también se llevaron un disco duro y recuperaron registros con los nombres de 104 peloteros que presuntamente arrojaron resultados positivos durante la temporada de las Grandes Ligas de 2003, cuando los profesionales se habían sometido a pruebas bajo la condición del anonimato.
Esos resultados deberían haber permanecido anónimos y sólo serían utilizados para determinar si las mayores deberían ordenar pruebas obligatorias antidopaje.
El sindicato de peloteros presentó una demanda al quejarse que los allanamientos eran ilegales y solicitó que los registros y las muestras fueran devueltas.
La decisión del Departamento de Justicia permitirá a los peloteros incluidos en la lista seguir en el anonimato porque el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Bud Selig, tampoco tendrá poder para hacerlo ya que existía el acuerdo de anonimato con el sindicato.
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